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USA: La Regla de Carga Pública que Afecta Trámites como la Residencia Permanente No Cambió

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La regla de carga pública que Donald Trump implementó el año pasado y que perjudica los trámites migratorios incluyendo la residencia legal permanente (Green Card o tarjeta verde), sigue vigente sin ningún tipo de cambios, advierten profesionales consultados.

“Sigue todo en curso, nada ha cambiado”, dice José Guerrero, uno de los abogados de inmigración que lleva a cabo en Miami (Florida). “El Presidente (Biden) hizo saber de una comisión que revisará la regla, pero por ahora los inmigrantes tienen que tener en cuenta las restricciones al momento de pedir un beneficio”, indicó.

La nueva regla de carga pública entró en vigor el 24 de febrero del 2020, pero a fines de julio un juez federal de Nueva York la detuvo bajo el argumento de que la política “disuade a los inmigrantes de buscar hacerse la prueba del coronavirus, situación que podría amenazar los esfuerzos para frenar la propagación de la enfermedad”.

El regimen apeló el fallo y el pasado 11 de septiembre la Corte de Apelaciones del 2º Circuito emitió una elección que permitió al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reanudar su utilización.

Biden firmó 3 directivas ejecutivas migratorias para revertir parte de la política que Trump impuso en los últimos 4 años. Una de ellas ordena integrar un conjunto para que revise la regla y le presente un informe en un plazo de 60 días.

La revisión

Biden firmó 3 directivas ejecutivas migratorias:

  • Una para restaurar el sistema legal modificado por Trump;
  • Otra para abordar las razones de la migración indocumentada hacia USA y recobrar el proceso de asilo; y
  • Una tercera que crea un conjunto laboral para reunificar a las familias dañadas por la cuestionada política de separaciones obligadas que el régimen de Trump implementó en la frontera.

En el primer decreto ordenó una “revisión inmediata” de las ocupaciones de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) “sobre la inadmisibilidad de la carga pública”.

La revisión va a estar al mando de los secretarios de Estado y Seguridad Nacional, del Fiscal Gral. y los jefes de otras agencias importantes, según corresponda, quienes “revisarán cada una de las actividades en relación con la utilización del fundamento de inadmisibilidad de carga pública”, señaló.

La labor

Conforme el decreto, el conjunto laboral tendrá que:

  • Tener en cuenta y evaluar los efectos recientes de estas ocupaciones por la USCIS de la agencia y las repercusiones de su utilización continua a la luz de la nueva política migratoria fundada por el régimen;
  • Detectar las actividades apropiadas de la agencia, si las hay, para abordar las preocupaciones sobre el impacto de las políticas recientes de carga pública en la totalidad del sistema de inmigración del territorio y la salud pública; y
  • Recomendar pasos que las agencias importantes tienen que tomar para comunicar precisamente las políticas recientes de carga pública y los cambios propuestos, si los hay, para minimizar el temor y la confusión en medio de las sociedades dañadas.

La orden instituye un plazo de 60 días para que tanto el secretario Estatal, como el de Seguridad Nacional y el Fiscal Gral. entreguen sus respectivos informes describiendo actividades y pasos que sus agencias pretendan tomar o hayan tomado al respecto.

Paciencia y cautela

“No comprendemos cuál va a ser el efecto que vaya a tener el proceso de revisión y las sugerencias que los miembros de la comisión le entreguen al mandatario durante los 60 días”, comentó Guerrero. “Habrá cambios, de aquello tenemos la posibilidad de estar seguros, sin embargo se debe tener paciencia y ser cauteloso”, añadió.

A la pregunta en relación a qué debería hacer un inmigrante infectado por el coronavirus que requiera solicitar el apoyo del Estado para curarse, Guerrero comentó que “inicialmente el servicio de inmigración mencionó que no lo considerará como fundamento de inadmisibilidad ya que hablamos de una emergencia. No pienso que vaya a tomarlo en cuenta”.

Guerrero mencionó además que “si bien las sugerencias van a ser entregadas en un plazo de 60 días, esas personas que permanecen planeando pedir un beneficio migratorio y poseen poco tiempo para no permanecer fuera de estatus, tienen que controlar sus demandas para que no empiece a correr el reloj que mide la permanencia indocumentada en USA»

“Si tiene dudas, lo mejor es dialogar con su abogado para que revise su expediente y le brinde el mejor consejo legal viable. Pero por nada se arriesgue si en los siguientes 2 meses se quedará fuera de estatus”, apuntó.

El respeto por la Ley

Para Jaime Barrón, un abogado de inmigración que practica en Dallas (Texas), “hasta que no haya un cambio oficial de la regla de carga pública, toda la gente que permanece en proceso de residencia o de cualquier otro beneficio de inmigración tiene que respetar la ley tal y como está escrita”.

“Se propone que continúe con su proceso por el momento”, agregó. Comentó además que “los cambios que el presidente Biden logre producir en la regla de carga publica es factible que beneficie a los inmigrantes, el régimen dió suficientes señales de que no va a ser tan agresivo como lo ha sido Trump”.

Acerca de la necesidad que poseen ciertos inmigrantes de combatir la enfermedad pandémica y pedir la ayuda gubernamental, Barrón comentó que “primero está la vida y luego los papeles”.

La regla final de carga pública vigente modificó las regulaciones del DHS y explica la forma en la que esta dependencia federal determinará si una persona solicitando admisión a USA o el ajuste de estatus (Green Card) “es inadmisible”, sea porque se trata, o es posible que en cualquier instante “se convierta en una carga pública”.

Sin embargo no todos los extranjeros se verán dañados, acota el Defensor del Pueblo (Ombudsman) de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS). “La regla final exime a ciertas personas, como los titulares de visas «U» y «T», asilados, refugiados y otras categorías”.

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