El Diputado Provincial Leandro Busatto (FPV), presentó un Proyecto de Ley para que se prorrogue en todos sus términos y por el transcurso de dos años, la vigencia de la Ley que declara la utilidad pública y sujeto a expropiación el derecho de “Uso Temporal” de las maquinarias, herramientas y demás bienes muebles e inmuebles y accesorios que se encuentran emplazados en el predio correspondiente al “Frigorífico Tatra” de la ciudad de Vera, a favor de la Cooperativa de Trabajo Tatra Ltda.

El Proyecto autoriza al Poder Ejecutivo a efectuar en el presupuesto General de Gastos y Cálculos de Recursos para el ejercicio correspondiente, las adecuaciones presupuestarias que resulten necesarias para el cumplimiento del mismo.

El Frigorífico Tatra generó durante décadas una usina industrial y económica para la región, principalmente en la comercialización de chacinados, tanto en nuestra provincia como en otras del noreste del país.

Años atrás la situación del inmueble en que se encuentra ubicado – sujeto a una hipoteca y en vías de ser subastado – motivó que los propios trabajadores se constituyeran en la “Cooperativa de Trabajo Frigorífico Tatra Ltda.”, para mantener en funcionamiento el establecimiento, logrando a través de la sanción de la Ley N° 3.102 una solución temporal a su situación de precariedad laboral.

El cooperativismo ha permitido que amplios sectores sociales logren un acceso real a la propiedad de los medios de producción, alcanzando una participación significativa en la producción provincial y en la distribución del ingreso; a la par de su contribución a la democratización de la economía.

Muchas veces, y en este caso en particular, los trabajadores recurren a la constitución de estas entidades de la economía social por la necesidad urgente de defender la fuente de trabajo al tomar conocimiento del cierre o quiebre de la fábrica, con la cual mantenían una relación de dependencia laboral.

Los trabajadores toman la gestión de la empresa, recurriendo a distintas instancias para evitar así el retiro de maquinarias o de materias primas indispensables para la continuidad de la producción y para asegurar la recuperación del trabajo.
Recuperar la empresa y garantizar la fuente de trabajo son pilares fundamentales de esta iniciativa llevada a cabo por la Cooperativa de Trabajo Tatra.

Actualmente la Cooperativa Tatra se encuentra trabajando en proyectos con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y con la Subsecretaria de Agricultura Familiar para mejorar la rentabilidad de la empresa, por medio del remplazo de maquinaria e incremento del nivel de producción actual, y así poder incorporar nuevos empleados a la misma. También es
meritorio remarcar, que se está elaborando un plan para vincular a la unión de feriantes de la ciudad de Vera al predio del frigorífico para establecer una feria franca que sirva como medio de comercialización a las familias de la zona que tienen un excedente de producción de huertas, como así también oferta de carnes, dulces, etc. Asimismo, se está proyectando la posibilidad de transformar parte del predio del frigorífico en un sector productivo hortícola.

Tanto el hecho mismo de la recuperación y mejoramiento de una importante fuente de trabajo como la vinculación directa de la institución para con su comunidad, son motivos no solo suficientes, sino que de una significancia sustancial para que la Cooperativa de Trabajo Tatra Ltda. pueda obtener de parte de las autoridades provinciales una solución a la situación en la
que se encuentran, considerando la fecha límite del vencimiento del plazo estipulado en la Ley N° 13.102.

Por ello dicho Proyecto solicita la extensión por dos años de la mencionada ley de expropiación, ya que esto permitiría a la Cooperativa afianzarse, así como también preservar las fuentes de trabajo de los actuales obreros y la creación de futuras vacantes.

Al respecto, el Diputado Busatto expresó: “Doy ingreso a un proyecto por el cual se establece la prórroga por dos años, del plazo establecido en la ley 13102, por la cual se declaro de utilidad pública y sujeto a expropiación al derecho de uso temporal a la Cooperativa de Trabajo Tatra sobre el frigorífico que se encuentra en Vera. El proceso o el periodo que establecía la Ley 13102 se encuentra prácticamente a punto de caer, por lo cual estamos solicitando una
nueva prórroga por dos años para que continúe la explotación a cargo de la Cooperativa”.

El Juez Federal de Reconquista  Dr. Aldo Mario Alurralde ordenó el allanamiento de dos domicilios de la localidad de Romang, Provincia de Santa Fe. En uno de los domicilios  funcionaba un Kiosko donde además se comercializaba la droga y en el cual se secuestraron entre otros elementos casi un kilo de cocaína en pan entero (981grs) ; y 286 bochas también de cocaína, otro frasco de vidrio con más cocaína; más de $2.000.- y balanza de precisión resultando detenido Clemente Rivoira de 50 años de edad quien en un primer momento intentó resistirse a la medida dispuesta.

El otro allanamiento fue sobre una vivienda particular donde residían dos hermanos, Leandro y Lucas Verón y en donde se encontró una carabina calibre 22, balas y dos bolsas con seis trozos compactos y catorce envoltorios de nylon blanco, todos con marihuana siendo ambos detenidos. Estos últimos eran proveídos por Clemente Rivoira del estupefaciente que luego comercializaban, constituyendo una verdadera red delictiva. La investigación llevada a cabo por el Juzgado Federal junto al personal de Drogas de la Provincia de Santa Fe tuvo su inicio en Octubre del 2011 habiéndose , entre otras pruebas, obtenido filmaciones que dan cuenta de la actividad ilícita que desarrollaban.

Los detenidos serán indagados por el Dr. Alurralde imputándosele la comisión del delito de Tenencia de estupefacientes con Fines de Comercialización (art. 5 inc. c  de la Ley 23.737) que prevé una pena de 4 a 15 años de prisión.

Juan Antonio Mulasano, estuvo prófugo durante varios en la causa donde se investigan delitos de lesa humanidad ocurridos durante la última dictadura militar en el norte de la provincia de Santa Fe y que se investigan en el Juzgado Federal de Reconquista con la intervención del Fiscal Roberto salum. El ex policía fue detenido el pasado 18 de abril en Resistencia, Chaco.

El imputado Mulasano en tiempos de la dictadura militar se desempeñaba en la Policía de la Provincia de Santa Fe y se lo procesó por los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por el empleo de violencia y amenazas en concurso real con la imposición de tormentos agravados por tratarse de perseguidos políticos, todo ello en perjuicio de nueve víctimas.

La causa es emblemática para el Norte Santafesino y en la misma se investigan hechos ocurridos entre Enero de 1976 y Diciembre de 1983 y en el marco de los delitos de lesa humanidad ocurridos en la jurisdicción del Juzgado Federal de Reconquista y que consistieron en allanamientos y detenciones efectuadas sin orden judicial y con el empleo de violencia, aplicación de tormentos y posteriores traslados a la Jefatura de Policía local y de allí a la ciudad de Santa Fe previo paso por la III Brigada Aérea de Reconquista en donde funcionaba un centro de detención clandestino. Así como también lo ocurrido en el cuartel Central de la Guardia Rural Los Pumas, en Santa Felicia, departamento Vera, y en cuyo caso está prófugo de la justicia con pedido de orden de captura nacional e internacional, Omar Noce y que por información que se pueda brindar sobre su paradero el Ministerio de Justicia de la Nación ofrece una recompenza de 100 mil pesos.

 
Desde el Espacio “Encuentro por los Derechos Humanos” invitamos a la comunidad al 1er Encuentro de Pueblos Fumigados del Norte Santafesino, que se realizará este sábado 19 de mayo, de 10 a 17 hs., en las instalaciones del Centro Integrador Comunitario (CIC) de barrio América, sito en Interbarrial Roca esquina Calle 63 de la ciudad de Reconquista.

Este Encuentro está pensado para que los vecinos de los pueblos fumigados  urbanos y rurales, organizaciones campesinas, productores, pueblos originarios, estudiantes, médicos y docentes del norte provincial nos encontremos, nos escuchemos y articulemos prácticas para defender nuestros derechos.

En este sentido, también requerimos que nuestras autoridades municipales y provinciales conozcan nuestras realidades, con el objetivo de que se trate y modifique este año la ley 11.273 “de fitosanitarios”: proyecto que se encuentra en estudio en el Senado de la provincia.
 
Las modificaciones se proponen a la ley:
Las propuestas de modificación del proyecto se enmarca en la Campaña provincial por el tratamiento y modificación de la Ley 11.273 – Campaña Paren de Fumigarnos. Estas son:

- Prohibición de la aplicación terrestre de agrotóxicos de cualquier clase toxicológica a menos de 800 metros de las zonas sensibles (plantas urbanas, establecimientos educacionales rurales, parques industriales, complejos deportivos y recreativos, barrios privados y caseríos, zonas de interés turístico y áreas naturales protegidas; costas de los ríos, arroyos, lagunas y humedales señalados en la cartografía oficial., etc.), con base al Fallo de San Jorge. -          Prohibición de la aplicación aérea de agrotóxicos en todo el territorio de la provincia.

- Aplicación del Principio Precautorio a la legislación referida a los agrotóxicos.
 
Programa del Encuentro
10:00 a 11:00 hs.: Presentación:
Presentación del Espacio Encuentro por los DDHH.
Presentación y fundamentación de proyecto de modificación de la ley 11.273 y de la campaña provincial por su modificación.
 
11:00 a 13:00 hs.: Testimonial:
Testimonios de los afectados por las fumigaciones: organizaciones campesinas, vecinos de pueblos y parajes fumigados, trabajadores rurales.
 
13:00 hs.: Almuerzo
 
14:00 a 16:00 hs.: Trabajo en grupos.
Diagnóstico y propuestas de acción locales, regionales, provinciales.
 
16:00 a 17:00 hs.: puesta en común del trabajo en grupos. Conclusiones.
 
Encuentro por los DDHH – Reconquista

En el despacho de la intendencia de Calchaquí se llevo a cabo una reunión explicativa en virtud de las notas enviadas por el municipio a la Empresa Provincial de la Energía y refrendadas por el intendente y los concejales. Del encuentro participó el jefe de la sucursal Reconquista de la EPE, Tec. José Luis Oviedo y Gustavo Mántica (EPE local), el presidente del concejo Gabriel Colnaghi, los ediles Jorge Berli, Luciano Sigaudo, Juan José Zanetti y Darío Mussín.

Mediante una presentación power point, el responsable de la sucursal Reconquista de la EPE, explicitó el sistema de facturación, lectura de estados, factores climáticos que incidieron y penalizaciones que hace la resolución 1169/08 de la secretaría energía de la nación a los usuarios residenciales que sobrepasan los 1000 kwh de consumo bimestral. También aclaró que “no son una cuestión masificada” los reclamos de los usuarios de Calchaquí en la oficina de la EPE y que se debe analizar cada caso puntualmente.

Ola de calor y sanciones nacionales
En principio, indicó que en años anteriores el pico de consumo solo se da en diciembre y este año la ola de calor continúo durante enero, febrero y marzo; incidiendo directamente sobre el consumo. Es decir, los calores atípicos del verano trasladaron la alta demanda al segundo bimestre de la facturación.

Respecto del registro de los medidores, sostuvo que comienzan dos días antes de los 60 días y terminan dos o tres días después. Por eso, ejemplificó, se pueden dar casos donde un usuario con 975 kwh al demorarse la medición llega a 1001 kwh e involuntariamente es sancionado por la aplicación de la resolución 1169/08. Sin embargo, explicó que “todas las penalizaciones o recargos de la secretaría de energía de la nación no son fondos que van a la EPE, que solo actúa como órgano de retención. No hay ninguna picardía por parte de la EPE en demorarnos 2 o 3 días para que se pase esa banda y cobrar una tarifa mayor porque esa plata no la recauda la EPE”, sostuvo Oviedo. Y añadió, “en caso de excederse el registro de los 60 días y que se le cause un perjuicio involuntario al consumidor, se lo corregimos”. También se deslizó el dato que el 80% de los usuarios residenciales de Calchaquí consume menos de 975 kwh bimestralmente.

Aumento de tarifas
Cabe señalar que la provincia autorizó un incremento en dos etapas, en base al costo de la energía, del cuadro tarifario residencial: al 1º de diciembre de 2011 de un 14,3% promedio y al 1º de marzo de 2012 de un 9%.

En este sentido, el jefe de la Sucursal Reconquista señaló que “la única manera de que la EPE pueda analizar, contemplar y dar respuesta en todo caso, es cuando el usuario se acerca a nuestras oficinas”. Además cuestionó que “si en este momento, a un vecino de Calchaquí se le corta la luz ¿tiene que venir al municipio o al concejo deliberante para que le conecten la luz y le arreglen el problema o tiene que ir a la EPE?”, indagó.

Finalmente, respondió que “el aumento registrado en la facturación fue resuelto por el concejo directivo de la EPE, aprobado por decreto provincial ad referéndum de la legislatura”. En este sentido agregó que “el costo de las tarifas en las mismas bandas es exactamente el mismo en toda la ciudad y en todas las ciudades de la provincia”. Y por último destacó que “las mediciones son reales, lo que puede suceder es que el consumo de un bimestre por una cuestión de tiempo de lectura se haya acumulado en otro bimestre”, finalizó.

La mañana del martes marcó el fin del conflicto político que había ocurrido en la localidad de Golondrina con la renuncia de Delia Sereno que era la Presidente Comunal.

Eugenio Baldez Valdez del Frente Progresista se había resistido a que no se lo dejara asumir como Presidente Comunal, era el vicepresidente en representación por la minoría y, aparentemente instigado por funcionarios del Nodo Reconquista, intentó resistir el apego a las leyes.

Finalmente con la intervención del gobierno provincial, a pedido del Senador Pucheta, y la resolución de Municipio y Comunas se hizo desistir de su postura a Valdez y este martes a la mañana logró asumir el primer suplente, Antonio Caballero. Luego los integrantes de la Comisión eligieron a las autoridades y el propio Caballero será, a partir de ahora, el Presidente Comunal de la localidad, quedando Eugenio Valdez como vicepresidente y Ramon Dominguez como tesorero.

El propio Senador Pucheta confirmó la salida al conflicto en dialogo con FM Activa y se mostró satisfecho que así haya ocurrido aunque lamentó que el mismo se haya extendido tantos días.

De está forma se zanjaron las diferencias y la comuna podrá retomar su normal funcionamiento luego de dos semanas de estar virtualmente paralizada.

En un documento que dieron a conocer al finalizar en encuentro que se realizó en la Ciudad de Avellaneda sostienen que “Una vez más el sector agropecuario es el que más presión soportaría por medio de Ingresos Brutos en forma indirecta, ya que significaría un traslado de entre 10 y 20 U$S por ha. agrícola y, con el Impuesto Inmobiliario Rural directamente.

La presión impositiva total ya es excesiva, al punto de estar descapitalizando, o sea, pagar impuestos con capital y no con el resultado de la producción. “POR ESO NO ACEPTAMOS ESTE AUMENTO”.

El encuentro tuvo lugar en el Auditorium del Centro Cultura Avellaneda, donde productores agropecuarios y referentes de distintas instituciones se acercaron a debatir y plantear temas que tienen que ver con la Reforma Tributaria Provincial.

“Sostenemos que antes de extraer nuevamente del mismo lugar se debe corregir urgentemente la totalidad de la transferencia de recursos y por lo tanto de poder que se hace a la Nación” indicaron.

“Esta situación hace que queden automáticamente desfinanciadas las provincias con sus municipios y comunas incrementando el empobrecimiento de todo el interior.

No observamos que la provincia reclame por este desfasaje como corresponde.

También sabemos que cuando los recursos no alcanzan, hay una variante que es gastar menos, sobre todo en costos fijos, en ese sentido vemos que no se hacen esfuerzos. Por el contrario mientras se paralizan obras públicas en la provincia, la estructura administrativa se incrementa en forma exponencial, con ello los gastos.

En base a lo manifestado en esta reunión, con la presencia de más de 200 personas pertenecientes a entidades agropecuarias, centros industriales y comerciales, legisladores, intendentes, presidentes de comuna, productores y sus familias de los Departamentos General Obligado, Vera, parte de San Javier, San Justo y 9 de Julio, se aprobó por mayoría absoluta:

1- No aumentar la presión impositiva. Estudiar reforma integral.

2- Respetar al Poder Legislativo en todas sus facultades.

3- Que nuestro gobernador, legisladores, poder judicial y todos los santafesinos, sin banderías políticas ni sectoriales, luchemos por los recursos y poder que la provincia pierde día a día, perdiendo así la posibilidad de un futuro mejor.

4- La provincia deberá disminuir sus costos fijos para ajustar al presupuesto existente y no caer en desbalances como los actuales.

5- Consideramos imprescindible la presencia del gobierno provincial en circunstancias adversas en el sector agropecuario.

6- Propendemos a un entendimiento político – institucional y cívico ejemplar para liderar una fuerza que contagie a otras provincias a defender la democracia, con la distribución del poder federal comenzando por respetar la equidad económica y la autonomía de cada Estado Provincial.

Radio Amanecer – FM Activa

Ana María tenía fuertes dolores. El 26 de abril de 2007, cuando cumple 22 semanas de gestación, los médicos decidieron adelantar el parto y realizarle una cesárea, a raíz del dramático estado de salud de la mujer. La beba murió a las 24 horas. Después de un rápido deterioro de salud, Ana María falleció el 17 de mayo de 2007.

La causa judicial por su muerte la llevan adelante abogadas de la Multisectorial de Mujeres de Santa Fe. Por primera vez en el país, se procesó a los médicos involucrados por los delitos de lesiones culposas e incumplimiento de los deberes de funcionario público, sentando el precedente de que no practicar un aborto legal puede constituirse en delito. La resolución fue del juez Eduardo Pocoví. Los procesados son el ex director del Iturraspe, Andrés Ellena, y los jefes de los servicio de Oncología, César Blajman, y de Ginecología, Raúl Alejandro Musacchio, por el delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público y lesiones graves culposas en concurso real”; mientras que los médicos Jorge Venanzi, oncólogo radiólogo del mismo hospital; Sandra Barbieri, directora del hospital de Vera, y José Manuel García, presidente del Concejo de Administración del mismo hospital, lo están por el delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

El fallo recibió el premio “mallete” del público a la mejor decisión judicial del mundo relacionada con la equidad de género, en un concurso convocado por Women’s Link Worldwide, una organización internacional de defensa de los derechos humanos de las mujeres, que tiene sede en Bogotá y Madrid.Había sido postulado en el concurso “Género y Justicia al Descubierto” de WLW. Se encontraban nominadas sentencias de Brasil, India, Sierra Leona, Malasia, Inglaterra, España, Colombia, México, Pakistán, Nigeria, Irlanda, República Checa, Perú y Zambia y de cortes internacionales.

El concurso busca resaltar y dar un reconocimiento a las resoluciones judiciales que combaten la discriminación y a poner en la mira las más sexistas y retrógradas. Se incluyen aquellas relacionados con derechos sexuales y reproductivos y violencia de género. Las distinciones “mallete” y “garrote” se entregan anualmente cada 10 de mayo, fecha en que Colombia logró la liberalización de la legislación sobre aborto, cuatro años atrás, a partir de un litigio estratégico promovido por WLW. Un jurado de reconocidos expertos en la temática eligió entre 32 resoluciones judiciales de los cinco continentes. Además, se entregó el premio “garrote” y “mallete” a las más votadas por el público en cada categoría. Este último obtuvo la sentencia santafesina, con un altísimo apoyo, según informó WLW.

El caso de Acevedo es emblemático porque es la primera vez en el país que se procesan a médicos por los delitos de lesiones culposas e incumplimiento de los deberes de funcionario públicos por negarse a realizar un aborto no punible. “El procesamiento de los médicos sienta el precedente de que no practicar un aborto legal puede constituir un delito”.

A Acevedo la obligaron a seguir adelante con el embarazo y al mismo tiempo los médicos no le aplicaron el tratamiento de quimioterapia que su cáncer indicaba, para no afectar al feto. El 26 de abril de 2007, cuando llevaba 22 semanas de gestación, en el Iturraspe decidieron adelantar el parto y realizarle una cesárea. Por entonces, el estado de salud de Acevedo era dramático: su muerte se vislumbraba inminente. Su beba falleció a las 24 horas. Acevedo, menos de dos semanas después, el 17 de mayo de 2007.

Los procesamientos a los médicos fueron dictados en 2008. La causa judicial ya no está en manos del juez Pocoví. Debió apartarse por un planteo de la defensa y quedó a cargo de José Luis Giavedoni, titular del Juzgado Correccional Nº 6.

(Por Marcelo Manzatto) Cuando hace poco más de dos años opinaba sobre las luces y sobras de la nueva ley de medios recibí una andanada de criticas de los amigos K porque, supuestamente, mi opinión era a favor del grupo Clarín, cuando en realidad solo dejaba mi impresión sobre los puntos oscuros de la nueva ley.

Al cumplirse dos años de votada la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual titulaba una columna “aK todo sigue igual” y otra vez los amigos y simpatizantes desataron su ira contra mi opinión.

En esa columna, en la que se agregaba un detallado informe sobre la distribución de la pauta oficial de publicidad, terminaba indicando “La democratización de los medios y el “Todas las Voces” es según el criterio y el paladar K. El resto es verso para la gilada. Lo advertimos hace dos años, lo reafirmamos hoy.

Nuevos elementos se suman a los existentes en aquel momento: Daniel Hadad anunció la venta del canal de noticias C5N, la AM Radio 10 y cuatro emisoras de FM al Grupo Indalo, cuyo dueño es el empresario Cristóbal López, de estrechos vínculo con el mundo kirchnerista. El traspaso de los medios de comunicación se produce con  la vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que establece ciertos requisitos para este tipo de operaciones.

El sitio chequeado.com indica “Según el artículo 41, “las autorizaciones y licencias de servicios de comunicación audiovisual son intransferibles”, por lo que no podría ser Hadad quien decida el futuro de esas licencias. Estas tendrían que volver al Estado antes de ser concursadas nuevamente. “Se pueden devolver las licencias, pero éstas no son transferibles”, confirmó Henoch Aguiar, experto en derecho de la comunicación y profesor titular de la UBA.

Existen excepciones en la ley, como en el caso del artículo 161, que aclara que en caso de que el titular posea un número mayor de licencias al estipulado por ley (como era el caso de Hadad -poseía cuatro licencias de FM en la misma zona cuando el artículo 45 permite sólo dos-), “al sólo efecto de adecuación prevista en este artículo, se permitirá la transferencia de licencias”. Según explicó Aguiar, “Hadad podría vender sólo dos radios dentro del marco de la desinversión que prevé la ley.”

Un medio puede también vender una parte de sus acciones, pero nunca puede desprenderse de más del 50%, puesto que debe mantener el control de la licencia de la que es adjudicatario.

“Hasta tanto la AFSCA no permita el traspaso, la venta no es avalada por el ente regulador y los medios no podrían operar en términos legales”, señaló Santiago Marino, docente y coordinador de la Maestría en Industrias Culturales de la Universidad Nacional de Quilmes. De lo contrario, el Grupo Indalo tendría que ser sancionado “con la caducidad de pleno derecho de la licencia adjudicada y será nula de nulidad absoluta” (art. 41)”.

José Crettaz escribió hace unos días “Entre las excepciones a la aplicación de la ley, que abonan la idea de una hegemonía comunicacional oficial, hay otros casos paradigmáticos, como el de Matías Garfunkel. Este empresario es un accionista relevante en dos grupos de medios, uno en sociedad con Moneta (al que luego denunció por estafa en la Justicia) y otro junto con Szpolski.

En ambos ingresó después de la sanción y reglamentación de la ley de medios. Garfunkel también participa en el control de las AM Splendid y Belgrano, y las FM Rock & Pop, Metro y Blue (todas con Moneta), de la AM América (con Szpolski), y es dueño de la FM Vorterix Rock (en cuya producción de contenidos está asociado con Mario Pergolini).

Paradójicamente, el grupo mexicano CIE, dueño anterior de muchas de estas radios, fue obligado a vender por incumplir la anterior ley de radiodifusión, que ya impedía concentrar tantas emisoras.

Otro caso relevante es el de los empresarios José Luis Manzano (ex diputado y ex ministro del Interior menemista) y Daniel Vila, dueños de UNO Medios, el segundo grupo de comunicación del país. Si la ley de medios se aplicara, deberían optar entre la TV paga y la TV abierta, lo que los pone en la situación de tener que elegir entre Supercanal (segunda red de cable del país después de Cablevisión) y su red de canales de TV abierta (controlan América 2 y los canales 11 de Junín, 7 de Mendoza, 6 de San Rafael y 8 de San Juan). La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), organismo de aplicación de la ley de medios, administra esa flojera de papeles. En ese rubro, el caso del Grupo Telefe es especialmente destacable. El principal accionista de esa empresa, que además del canal 11 de Buenos Aires incluye la mayor red de TV abierta privada del país con otros ocho canales en las principales ciudades argentinas, es Telefónica de España, a su vez controlante de Telefónica de Argentina. La ley de medios es especialmente clara en ese punto: ninguna empresa de servicios públicos puede tener empresas de comunicación audiovisual.

Así están las cosas. Y sería bueno que el debate sobre la hegemonía comunicacional -más allá de declamaciones y retórica- empiece a incorporar estos datos, es decir, la lista de irregularidades, increíbles excepciones y favoritismos. Con el cuadro completo, la discusión se vuelve más inteligente”.

El mismo periodista se extiende al escribir “La misma norma impuso limitaciones estrictas a la formación de cadenas de radio privadas: por eso Cadena 3 recurrió a la Justicia para evitar su desmembramiento. Ese punto también afecta a Radio Continental, del español Grupo Prisa, que había constituido una extensa red en el interior del país. Ni Telefónica ni Prisa ni tampoco el empresario mexicano Ángel Remigio González González (dueño de Canal 9, FM Aspen y el Canal Suri de la TV digital estatal) cumplen además el requisito de extranjería previsto en la ley. En ese punto, el argumento legal es la vigencia del tratado de reciprocidad de inversiones firmado con Estados Unidos por el ex presidente Carlos Menem. Según ese texto, los inversores norteamericanos deben ser tratados en Argentina como si fueran argentinos. Telefónica, Prisa y Albavisión (nombre del grupo de González) operan aquí mediante firmas radicadas en Estados Unidos.

En TV paga, detrás de Cablevisión (Grupo Clarín) y Supercanal, el tercer operador en cantidad de abonados es Telecentro, del ex diputado Alberto Pierri, beneficiado por AFSCA con extensiones de su licencia de operación en La Matanza. Mientras el organismo no logró aún que otros operadores del servicio comiencen a competir en este segmento, y al tiempo que exige a Cablevisión una licencia por distrito, a Telecentro se le permitió expandirse por el norte y el sur del conurbano sin mayores requisitos, algo que incentivó la competencia en TV, banda ancha y telefonía. Telecentro es la única empresa que ofrece los tres servicios -paquete que se conoce como triple play-, lo que la convierte en operador monopólico en ese segmento”.

Y también agrega “Si se cuenta a 360 TV (canal digital experimental de Electroingeniería-dueña además de Radio Del Plata- dedicado a las noticias) hay siete cadenas de noticias en la Argentina. Las otras son A24 (grupo Manzano-Vila, con Francisco de Narváez), CN23 (grupo Szpolski-Garfunkel), Canal 26 (Pierri), Crónica (Grupo Olmos), C5N (ahora de Cristóbal López) y Todo Noticias (Grupo Clarín). En ningún otro país del mundo hay tantas señales informativas las 24 horas. Aunque no hay información oficial sobre cuánta pauta oficial reciben estos canales, fuentes del mercado publicitario estiman que en 2011 Crónica TV habría embolsado alrededor de $ 15 millones; CN23, en torno de los $ 12 millones; A24, $ 10 millones; y C5N, cerca de $ 30 millones. Estos números sólo contemplan el dinero que canaliza Telam como agencia de publicidad del estado nacional”.

No voy a redundar sobre el crecimiento exponencial de los nuevos empresarios de medios como Spolzky, Diego Gvirtz, el Grupo Olmos, Electroingeniería o Rudy Ulloa, que lo han hecho al amparo de los dineros públicos o de los antes existentes y que se han beneficiado con esos mismo fondos (Hadad, Ámbito Financiero, Página/12), pero la lista ahora se agranda, apareció Cristóbal López, el otrora zar del juego en el país y creador de Oil combustibles desembarca en medios de comunicación. Sigue la acumulación.

Entre otras cosas escribí oportunamente “nadie puede estar en contra de desmantelar la concentración de medios y los monopolios u oligopolios, pero me permito dudar si detrás de esto no está la intención de desmantelar uno para crear otro ante el amparo estatal”. Quisiera equivocarme, aunque las señales demuestran lo contrario.

Igualmente no es difícil creer que estás cosas pasen en un país donde un monotributista puede levantar la quiebra de una empresa que imprimirá nada mas y nada menos que los billetes de circulación nacional y cuyo apoderado es un jubilado de la marina mercante que cobra la mínima.

Vuelvo a repetir lo escrito hace un año: “La democratización de los medios y el “Todas las Voces” es según el criterio y el paladar K. El resto es verso para la gilada. Lo advertimos hace dos años (ahora casi tres), lo reafirmamos hoy.

Ruta 3
Además el senador provincial por Vera presentó un proyecto de comunicación en la Cámara Alta a través del cual solicita al Poder Ejecutivo que a través del Ministerio de Obras Públicas y Vivienda arbitre los medios para concretar la pavimentación de la ruta 3 desde la localidad de Intiyaco hasta Los Amores, ambas ubicadas en elo departamento Vera.
  
Pucheta consideró que “la pavimentación de la ruta 3 se ha llevado a cabo de manera parcial y es fundamental para comunicar las localidades de la cuña boscosa y de nuestro norte provincial. Hoy por hoy está pendiente la pavimentación del tramo que une Intiyaco con Los Amores y es por ello que solicito, una vez más, que se concluya con esos kilómetros para de esta manera finalizar una obra histórica que venimos gestionando desde hace años y todavía no logramos que se finalice tal como se lo anunció y prometió en tantas oportunidades”.

Al mismo tiempo solicitó, mediante un proyecto de comunicación, que el gobierno provincial, que por medio de los organismos que correspondan, gestione los mecanismos para proceder a la reparación de la ruta 3 y el desmalezamiento de las banquinas en el tramo comprendido entre la ciudad de Vera y la localidad de Intiyaco.
  
Pucheta destacó que “este proyecto que presento ante mis  pares tiene por objeto mejorar las condiciones de transtitabilidad de la ruta 3 en el tramo Vera-Intiyaco, que a pesar de ser una obra relativamente nueva, ya se encuentra seriamente deteriorada en su carpeta asfáltica. Del mismo modo -agregó Pucheta- hace falta el mantenimiento y desmalezamiento de las banquinas, puesto que constituye un verdadero riesgo transitar por allí al no estar en las mejores condiciones de transitabilidad y visibilidad toda esa zona, lo cual se torna realmente peligroso para todos”.